Organizaciones dedicadas al derecho a permanecer lanzaron, este viernes, la campaña de educación y movilización Not Your Tax Haven, frente a las oficinas de la Compañía de Turismo, en el Viejo San Juan. El esfuerzo, liderado por una coalición que aglomera sobre una decena de organizaciones, pretende evidenciar cómo el gobierno ha incumplido en ejecutar la antigua Ley 22 de 2012 (ahora, bajo la Ley 60 de 2019) y presionar para que se derogue esta legislación.
La iniciativa se diseñó para documentar “la otorgación desmedida de generosas exenciones contributivas” a inversionistas y empresarios extranjeros, junto a la falta de transparencia gubernamental, y para denunciar el impacto “económico, ambiental y en la vivienda” del decreto, según el comunicado de prensa difundido por el Centro para la Democracia Popular (CPD, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones miembro de la Coalición Puerto Rico no se vende. La iniciativa también incluye esfuerzos dirigidos a la Legislatura, mencionó el director de campañas del CPD, Julio López Varona.
El gobierno de Luis Fortuño creó, en 2012, la política pública de incentivar a inversionistas extranjeros para que se trasladen a Puerto Rico. Como parte de la campaña electoral de 2016, Alejandro García Padilla la prometió derogar, pero —al asumir su mandato— indicó que había cambiado de opinión ante la influencia del entonces secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó Bagué. En 2019, Ricardo Rosselló derogó el estatuto, pero solo para consolidar todas las exenciones contributivas en un "código de incentivos" bajo la Ley núm. 60 de 2019. Aunque la ley ha sido enmendada para pedir "requisitos" de inversión y de creación de empleo en el archipiélago, decenas de organizaciones han denunciado que el gobierno no fiscaliza su cumplimiento.