Grupos comunitarios ocupan terrenos ilegalmente para resistir el desplazamiento en Puerto Rico
Por: Bianca Graulau y Laura M. Quintero
Este artículo se produjo con el apoyo de la organización sin fines de lucro de periodismo Economic Hardship Reporting Project y se copublicó con The Real News Network.
Frente a un mural que lee “Solo el pueblo salva al pueblo” , Marisel Robles Gutiérrez hizo un anuncio importante delante de un grupo de adultos mayores: la organización sin fines de lucro Comedores Sociales adquirió la titularidad de aquella propiedad abandonada, que ocupó en 2017, mediante negociación con una compañía inversionista en inmobiliario.
Con la voz un poco entrecortada y una sonrisa plasmada en su cara, les dijo: “Este edificio lo rescatamos… le dimos vida, y gracias a todos estos años, a toda la gente que ha participado,” —interrumpe, y se lleva las manos al pecho— “por fin, podemos anunciar hoy que es nuestro”.
De inmediato, la veintena de participantes y voluntarios del colmado de productos locales a precios asequibles, Súper Solidario, aplaudió. Las personas redoblaban en la mesa como si fuera un tambor. Vitorearon. El Centro de Apoyo Mutuo (CAM), que se había fundado para atender el hambre tras el paso del huracán María, en septiembre de 2017, no sería desahuciado.
“El CAM es nuestro y es de todo Puerto Rico”, cantaron el 13 de febrero, cuando se anunció el logro a la comunidad.
“Conseguir esta victoria era como quitarle algo a las garras de los buitres y poder celebrarlo”, puntualizó Robles Gutiérrez, quien se integró a Comedores Sociales en 2018.
Tras el huracán María, grupos comunitarios en diversas regiones de Puerto Rico han rescatado terrenos desocupados y los han transformado en espacios de desarrollo social y comunitario. Mientras que algunos, como el CAM, han podido adquirir la titularidad, otros, como el Huerto Comunitario San Mateo del Batatal, desconocen si podrán mantener el espacio que recuperaron.
“Era un espacio que estaba totalmente abandonado, daba hasta miedo. Entramos ilegalmente y limpiamos”, contó Arnaldo López López, uno de los residentes que ayudó a transformar el espacio en la calle Carolina del barrio de Santurce.
Los vecinos —que habían pasado hambre durante la emergencia por el huracán María— trabajaron la tierra, construyeron bancales con madera y sembraron. En poco tiempo, nacieron papayas, berenjenas y brócolis —entre otras verduras— de dónde antes había deterioro.
"El progreso no es cemento, no es edificios, no es construcción, el progreso puede ser agricultura", dijo López López.
Mientras que, al principio, la comunidad tenía el permiso de una dueña que heredó el espacio, ahora el futuro del jardín está en manos de una corporación inversionista.
En 2019, la compañía PDDK Opportunity Zone Fund LLC adquirió las propiedades 1617 y 1619, donde estaba el huerto, por $125 mil. Pagó casi la totalidad en efectivo a la vendedora, Mayra Franqui Rodríguez, según la escritura de compraventa.
En varias escrituras, se identifica a David Kingsley como el presidente de la Junta de Directores de PDDK Oportunity Zone Fund. El inversionista, con residencia en Manhattan (Nueva York), no accedió a una entrevista.
Actualmente, está negociando con les miembres del Huerto San Mateo del Batatal para alquilar el solar por $1 al mes, al menos en lo que decide qué hacer con la propiedad. Mientras tanto, la incertidumbre ha llevado a los vecinos a dedicarle menos energía al proyecto agrícola, pero esperan comprar la propiedad para volver a ser un huerto productivo, relató López López.
En el caso del CAM, la compañía de responsabilidad limitada MR CTC Caguas adquirió el título de propiedad en 2015. Esta compañía está conectada a Morgan Reed PR, revela el registro de corporaciones del Departamento de Estado. La dejaron abandonada durante 7 años, hasta que, en el 2022, se comunicaron con Comedores Sociales y amenazaron a desahuciarles de la propiedad, según Robles Gutiérrez. “O me arrendas o te saco en 30 días”, fue el ultimátum. La comunidad, que había invertido $120 mil en la propiedad, le ripostó que el espacio les pertenecía, y comenzaron a negociar.
Morgan Reed es una compañía enfocada en la inversión en bienes raíces que se ha dedicado a ampliar sus operaciones en Puerto Rico. Uno de sus ejecutivos, Brian Tenenbaum, solicitó y recibió el decreto contributivo para inversionistas extranjeros en diciembre de 2014, según la base de datos pública del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Tenenbaum no accedió a ser entrevistado.
Desde que la administración del exgobernador Luis Fortuño creó la Ley 22 de 2012 (ahora bajo la Ley 60),existe un incremento anual continuo en la otorgación de estos privilegios fiscales. Con esta exención contributiva, pagan 0% en impuestos sobre la ganancia de capital, en comparación a las tasas contributivas, de entre 9 a 33%, que pagan los residentes.
Además, pueden recibir hasta 40% en créditos contributivos por invertir en el desarrollo turístico. Otra ley federal, aprobada en 2017, creó el Programa de Zonas de Oportunidad. Este decreto permite la exención total de impuestos sobre las ganancias producidas en comunidades de bajos ingresos, consideradas en deterioro, si la inversión se mantiene durante 10 años, según DDEC.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Rentas Internas Federal (IRS) designaron que el 98% de Puerto Rico cualifica como “zona de oportunidad”.
Estos espacios son nuestros, este territorio nos pertenece y lo vamos a desarrollar como nosotros entendamos que debemos desarrollarlo
“Estos espacios son nuestros, este territorio nos pertenece y lo vamos a desarrollar como nosotros entendamos que debemos desarrollarlo”, afirmó Zeus Omar de la organización Urbe Apie, cuyos integrantes han rescatado 8 espacios abandonados en el casco urbano de Caguas, y ya han identificado docenas de espacios adicionales que quieren adquirir para 2030.
“Si nosotros no rescatamos nuestros espacios, ¿quién lo va a hacer? Los que están haciéndolo (son) los de allá fuera… y luego, hacen un montón de Airbnbs y ponen las rentas bien caras en la comunidad, y la gente no va a poder pagarlas, se tienen que ir”, puntualizó Omar.
Bianca Graulau dirigió el video reportaje y Laura Quintero lo adaptó a texto. Camille Padilla Dalmau y el corrector Luis Alfaro de 9 Millones colaboraron en la versión escrita de este reportaje.
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