¿Qué causa el desplazamiento en Puerto Rico?

El reclamo por vivienda digna en Puerto Rico es innegable. La discusión pública sobre este tema se ha enfocado en el aburguesamiento acelerado —mejor conocido como gentrificación—, a raíz del aumento en propiedades de alquiler a corto plazo. Sin embargo, investigaciones de organizaciones, como las del Centro para una Nueva Economía (CNE) y Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), apuntan también a otras causas, sin descartar el impacto de este tipo de hospedería. 

El desplazamiento y la falta de vivienda digna, en Puerto Rico, se trata de un problema de múltiples retos, tales como los altos costos y la baja oferta; las ejecuciones de hipoteca y desahucios; las unidades afectadas por el huracán María y por los terremotos, que aún no han sido reparadas; y el cambio climático. A continuación, te contamos en detalle algunas de las amenazas cuya responsabilidad se atribuye a múltiples entes sociales.

1. Menos unidades de vivienda asequible

Cada vez más, se complica el proceso de encontrar vivienda a un precio razonable. Según Habitat Puerto Rico, una entidad dedicada a programas de vivienda asequible y capacitación, hacen falta más de 70,000 unidades de alquiler, a precios asequibles, para atender la necesidad de techos seguros en nuestro archipiélago. 

Los alquileres a un costo por debajo de los $800 mensuales corresponden, mayormente, a alojamientos para estudiantes —en la zona metro o en municipios con población universitaria, como Mayagüez o Ponce— o a estudios en casas divididas, según datos recopilados por la firma Inteligencia Económica. Para noviembre de 2022, el precio promedio de las viviendas de alquiler en Puerto Rico alcanzó los $2,990 mensuales. Mientras, la mediana era de $1,600 mensuales; es decir, la mitad de la oferta estaba por encima o por debajo de esta cifra, según la misma firma. 

Para abril de 2023, el precio de una vivienda nueva había subido 49% respecto al año anterior, el mayor incremento en 9 meses, reportó Sin Comillas. Según este medio,  el alza se debe a la venta de propiedades de lujo.

Los residentes de Puerto Rico que necesiten una unidad de vivienda alquilada —en este caso, un apartamento de dos cuartos, a precio justo de mercado (calculado en $503 mensuales)— deben mínimamente cobrar un sueldo por hora de $9.66, de acuerdo con el informe Out of Reach, de la National Low Income Housing Coalition. 

El precio justo de mercado se calcula a partir de aquellas viviendas cuyo valor se encuentra por debajo del 40% de las unidades de alquiler típicas —de calidad estándar y ocupadas recientemente— en el mercado local, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés). En otras palabras, el 60% de las rentas igualan o sobrepasan el estimado de alquiler justo. 

En el caso de Puerto Rico, según el informe Out of Reach, el salario mínimo local de $8.50 por hora es insuficiente para alquilar un apartamento de dos cuartos a un precio justo de mercado (calculado en $503 mensuales). La mayoría de la oferta está a precios todavía más inasequibles, para quienes devengan el salario mínimo. 

Si un trabajador mantiene un empleo a tiempo completo regular —40 horas semanales— con el salario mínimo de $8.50, sus ingresos solo bastarán para la renta de un apartamento de un cuarto a “precio justo de mercado”, calculó la fuente.

2. Expulsan a más familias de sus hogares

Las ejecuciones de hipotecas y los desahucios por los impagos de renta son algunas de las modalidades que se usan para remover a las familias de sus casas. Estas estrategias legales, de parte de instituciones financieras o arrendatarios, pueden ser desiguales en contra de los residentes. Así lo denunciaron las abogadas Ariadna Godreau, Jynamarie Kuilan y Verónica González, de Ayuda Legal Puerto Rico, en el taller que ofrecieron para los medios de comunicación ¡Me están sacando de mi casa! Desahucios, desplazamientos y vivienda pública.

Desde 2012 hasta septiembre de 2022, la banca local ha ejecutado 40,009 hipotecas. La ejecución de hipotecas se refiere a cuando los prestamistas recuperan una propiedad —mediante demanda— porque el propietario dejó de hacer sus pagos, según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. El Banco Popular es el líder de estos procesos en el archipiélago, conforme a los datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Desde 2021, se observa una tendencia de incremento en las propiedades reposeídas y en los desahucios por impago. Las propiedades reposeídas son aquellas que están en poder del banco, después de un proceso de ejecución. Cada institución bancaria tiene un proceso distinto para disponer de su inventario. El año 2021 cerró con 1,919 casas reposeídas por instituciones financieras. Para diciembre de 2022, la cantidad de propiedades reposeídas ascendió a 1,991. 

Asimismo, los desahucios por impago —cuando el arrendador o propietario acude al tribunal para que se ordene la expulsión del inquilino que no paga— se triplicaron entre 2021 y 2022. Más de la mitad (58%) de las demandas se dirigieron a mujeres solas. Esta cifra asciende al 72% —o casi tres de cada cuatro jefas de hogar— cuando se trata de mujeres residentes de vivienda pública, según Godreau, abogada y fundadora de ALPR.

Organizaciones como ALPR señalan que los bancos y las empresas de compraventa de bienes inmuebles usan las subastas de casas reposeídas para su propio lucro. El proceso de subasta es desigual para los participantes: los procedimientos requieren depósitos para participar, y las personas pueden estar compitiendo con los recursos de empresas e inversionistas de bienes raíces.  Además, el aumento en precios de reventa limita la participación de sectores en situación de vulnerabilidad. 

En el caso de la empresa de subastas Centro Casas, el 99% de las propiedades subastadas son reposeídas. Las viviendas reposeídas se están vendiendo hasta más caras que las que están listas para ser habitadas, debido a su alta demanda.

3. Más de 300,000 viviendas afectadas por tormentas, huracanes y terremotos desde 2017

El huracán María afectó directamente a 306,126 unidades de vivienda, según la investigación Vulnerability of Renters and Low-Income Households to Storm Damage: Evidence From Hurricane Maria in Puerto Rico, de la Universidad de Pennsylvania. Esta investigación se levantó con datos de las solicitudes del Programa de Asistencia Individual de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). 

La recuperación del país ante estos fenómenos naturales recientes ha estado plagada de retrasos, inconsistencias y reclamos. El lento desembolso de fondos, la escasa fiscalización y la crisis intermitente de los toldos azules, señalada por ALPR, han creado una recuperación ineficiente. 

Por otro lado, en septiembre de 2022, apenas se habían completado 3,502 proyectos  —la mayoría son reparaciones, y solo 22%, reconstrucciones— de un total de 17,330 solicitudes activas en el Programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3), según el IV Informe Hacia la Recuperación Justa, publicado por ALPR. 

4. Los alquileres a corto plazo presionan al mercado inmobiliario

Si piensas que los alquileres a corto plazo (ACP) aceleran la crisis de accesibilidad de vivienda digna, estás en lo correcto. 

Según el estudio The Impact of Short-Term Rentals in Puerto Rico: 2014-2020, del Centro para la Nueva Economía, este tipo de alojamiento cambia el vecindario como resultado del incremento en los costos de vida, un proceso conocido como aburguesamiento. Por ejemplo, esto sucede cuando llegan turistas a áreas que, típicamente, no eran concebidas para el turismo ni el comercio, sino como zonas residenciales.

Además, la gran proporción de casas enteras disponibles en plataformas digitales, como Airbnb, limita las opciones de vivienda, dado que no están disponibles para alquilar a largo plazo ni para compra. Por otro lado, se observa una variable geográfica, pues los municipios costeros son más propensos a tener mayor densidad de alquileres a corto plazo; particularmente, los de la costa noreste.

El informe del CNE apunta otra observación crítica: la oferta de nuevos listados de ACP responde a temporadas, y son, particularmente, susceptibles a momentos de desastre. Luego del huracán María, la oferta diaria de sitios de alquiler subió un 30%. De estas cifras, se desprende que los desastres son un factor que permiten a los inversionistas aprovechar la baja repentina en los precios de casas para convertirlas en ACP. Igualmente, se convierte en una forma en que los manejadores de una sola propiedad generan ingresos en tiempos económicamente complejos.

Por su parte, el CNE destacó que un 10% de incremento en la densidad de los ACP en Puerto Rico —medido en por ciento que incluye todas las unidades de vivienda— ha provocado un aumento en promedio de 7% en la renta mediana y de 23% en el precio de las unidades de vivienda.

La creciente profesionalización del mercado es otro punto a considerar. Se observa que el mercado está inclinado a anfitriones profesionales y comercializados: los anfitriones de múltiples propiedades representan más de dos de cada tres de los listados de ACP y reciben casi el 80% de las ganancias acumuladas. El propio gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, reveló, en abril, que uno de sus hijos dispone de cerca de 200 propiedades como alquileres vacacionales o a corto plazo. La empresa de Anthony Pierluisi Rojo, West Indies Vacation Rentals, es la única con más de 100 propiedades a su nombre, de acuerdo con el portal especializado en datos sobre los ACP, AirDNA.

De hecho, Puerto Rico lidera la lista de países y territorios con mayor cantidad de superanfitriones en la plataforma Airbnb. La compañía cataloga como superanfitriones a aquellos con mayor experiencia y mejores calificaciones, quienes gozan de mayores probabilidades de generar ingresos más altos. 

5. Cambio climático: mucho más que calor

El desplazamiento a causa del cambio climático y de los desastres es una cuestión de derechos humanos;  impacta más a las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, personas negras, empobrecidas, de edad avanzada y aquellas con diversidad funcional, sentenciaron las integrantes de ALPR. 

Las altas temperaturas son más que molestias. Godreau, directora ejecutiva de ALPR, describió que “el calor hace que la humedad sea peor en los apartamentos”. Explicó, en entrevista con 9 Millones, que los hongos “son el tema del futuro en vivienda pública”, dado que el calor los exacerba.

El aumento del nivel del mar también figura como un reto. Este fenómeno puede provocar la erosión de las playas, la pérdida de estructuras costeras y el incremento en inundaciones, según enlista la organización. Las abogadas, que componen ALPR, también resaltaron que alrededor de 245,586 viviendas en Puerto Rico están ubicadas en zonas inundables. Por otro lado, el cambio climático conlleva más sequía, eventos de lluvias fuertes y huracanes más intensos.

Sin embargo, el cambio climático no impacta únicamente a los ambientes naturales. ALPR convocó a prevenir y mitigar los daños de estos fenómenos sin que impliquen un desplazamiento de los residentes u otras violencias. 

Las abogadas enfatizaron en que las relocalizaciones deben tener garantías de participación comunitaria, y que la mitigación no puede ser un privilegio reservado para los sectores afluentes. La conexión entre cambio climático y clase demuestran cuán complejo resulta la discusión sobre el desplazamiento.

Uno de los prerrequisitos para disfrutar de una vivienda digna es la habitabilidad, definida por la Organización de las Naciones Unidas como aquella que garantiza la seguridad física y las protecciones ante riesgos a la salud y peligros estructurales. Entre ellos, se encuentran la lluvia, humedad, y el viento, frío y calor. Por lo tanto, ignorar el cambio climático y la discusión de posibles soluciones atenta contra el derecho a la vivienda digna.