Privatización en la costa: cuatro medidas que amenazan el acceso a las playas de Puerto Rico

Las playas de Puerto Rico son de las más bellas del mundo, pero su conservación está en riesgo por enmiendas a leyes que no consideran el cambio climático

Por:
Carlos Berríos Polanco
Publicado en
April 2, 2025
Ecología
Justicia climatica

Las olas rompen contra la arena caliente. Llevas un traje de baño nuevo, y una bebida fría en mano. Es el “día de playa perfecto”, hasta que te dicen que quites tu silla de la arena porque es propiedad privada. Este es el efecto que podrían tener cuatro medidas que intentan privatizar y facilitar la construcción en estos espacios naturales que son para el bien común.

En Puerto Rico, la zona marítimo-terrestre (ZMT) es un bien de dominio público que comprende todas las costas del archipiélago (excepto la del hotel Caribe Hilton, pero esa es otra historia). Según la Ley de Muelles y Puertos de Puerto Rico (Ley 151 de 1968), engloba “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales en donde las mareas no son sensibles”. Es decir, las costas se deben conservar como de dominio público hasta donde alcanza el promedio de las olas durante los temporales.

Todo proyecto de construcción, de segregación o de urbanización de terrenos, con frente a la playa, requiere una franja de terreno de 20 metros desde la ZMT que se debe dedicar al uso público, según el reglamento conjunto de permisos. Aunque los 30 metros después de esta zona pueden ser terrenos privados, pero no se debe erigir ninguna estructura permanente en este espacio. Por ende, no debe haber ningúna estructura permanente dentro de los primeros 50 metros desde la ZMT.

Fuente: El Urbanista. Diseño: Charlotte Danois / 9 Millones

Sin embargo, el proyecto de la Cámara 25 (P.C. 25), de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Mendez, propone modificar la definición de la ZMT. Según la medida, la definición cambiaría al “espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo hasta donde llega el mayor desplazamiento horizontal de la marea astronómica durante los equinoccios en donde son sensible las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios no ciclónicos en donde las mareas no son sensible”. La modificación parece pequeña, pero podría tener un impacto gigantesco a través de Puerto Rico.

En esencia, cambiaría los límites de la ZMT hasta donde llegan las mareas durante las lluvias fuertes y tormentas sin nombre, pero no tomaría en consideración eventos de fuerza mayor como cuando el huracán María desapareció la playa de San Juan. La medida facilita colocar las construcciones más cercanas al mar, al cambiar sustancialmente el espacio público en la costa.

Expertos en planificación han criticado que el cambio en la definición de la ZMT no tome en consideración hasta donde llegan las olas en los mayores temporales.
Fuente: El Urbanista. Diseño: Charlotte Danois / 9 Millones

No obstante, la ZMT es solo un aspecto del dominio público marítimo-terrestre, según Érika Fontánez Torres, catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Aunque se habla mucho del alcance de las olas como la definición del espacio público costero, existen otros elementos —como las áreas donde anidan las tortugas o donde terminan las dunas costeras— que se deben incluir en el deslinde para un proyecto de construcción en la costa, explicó quien enseña Derecho Civil Patrimonial. Esto fue lo que incitó las protestas en el condominio Sol y Playa en Rincón, pues el deslinde no incluyó el área de anidaje de tortugas.

“ Si yo defino el dominio público marítimo-terrestre hasta donde llega el marullo, estoy prácticamente de facto privatizando la playa porque la playa no es el marullo nada más. El marullito llega hasta donde uno se moja los pies cuando pasa por la playa, pero después del marullito hay más[…], eso es parte del dominio público también. Se supone que el deslinde incluye eso, no solamente hasta donde llega la línea del mar”, dijo Fontánez Torres, citando el reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).  

La primera orden administrativa del DRNA en 2025 legalizó las casetas de La Parguera, Lajas, las cuales están en la zona de dominio público. La versión original de la orden archivaba todas las querellas en contra de los propietarios de las casetas, pero —tras una respuesta pública negativa— fue enmendada para que solo se archiven tras asegurar que cumplan con los reglamentos establecidos del DRNA.

Mientras tanto, un proyecto de ley de la administración de la Gobernadora Jenniffer González Colón intenta establecer la “Zona de Planificación Especial Turística de las Casetas y Muelles sobre el agua y terrenos de dominio público de La Parguera” e intenta poner en ley lo que permitió la orden del DRNA. Aunque no varía mucho de lo que ya alegadamente pasa en el área, la medida le da el permiso legal a los dueños de las casetas para hacerlo. Sumado a esto, la Gobernadora firmó una orden ejecutiva que busca agilizar la otorgación de permisos para las construcciones “estratégicas” y turísticas, entre otras.

“Hay un problema fundamental que es utilizar la legislación para legalizar una actividad ilegal. Eso no debe suceder y aquí se está haciendo. Además, lo que se está haciendo por el gobierno es quitarle al pueblo de Puerto Rico un activo que le pertenece”, dice el planificador y exvicepresidente de la Junta de Planificación, Pedro Cardona Roig, también conocido como El Urbanista.

Entre las construcciones a pocos metros del agua —las cuales han aumentado en los últimos años— y la erosión costera —que también ha incrementado desde el huracán María para acá— los puertorriqueños pierden sus playas.

Las construcciones en la playa agravan la erosión costera y dificultan el acceso público.  Foto suministrada.

Uno de los ejemplos más recientes es la construcción de una ciclovía en Rincón, que ha sido protestada por activistas ambientales quienes reclaman que se ubica en la ZMT.

La posible aprobación de estas medidas ha generado miedo entre los activistas ambientales, políticos, científicos y el público general. Expertos consultados entienden que pudiese generar un boom para la construcción costera, en momentos en que Puerto Rico enfrenta diariamente los efectos de la crisis climática.

“Si el proyecto de ley que ahora mismo está en discusión se aprobara, lo que va a suceder es que se podrían propagar más construcciones […], en zonas que no deben ocurrir. Y lo que va a pasar es que las manifestaciones del cambio climático —que van a seguir— se van a encargar de destrozar todo esto”, dijo la doctora Maritza Barreto Orta, directora y fundadora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, adscrito a la UPR.

Durante el cuatrienio pasado, se presentaron varios proyectos de ley para ampliar el alcance de la ZMT y garantizar el acceso público. Uno de estos es la Ley de Costas, que buscaba ampliar la ZMT desde la marea baja promedio hasta donde alcanzan las olas de alta peligrosidad. En 2021, el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático le recomendó al anterior gobernador Pedro Pierluisi aprobar una moratoria en las construcciones y reconstrucciones en la zona costera durante tres años, mientras se enmiendan y ajustan los estatutos de planificación costera a la realidad climática del archipiélago.

Barreto Orta propone otra opción. “Debemos movernos a definir una línea de no construcción”, puntualizó. Sin embargo, si se prefiere dejar la zona marítimo-terrestre, sugirió que esa franja no se defina basado en el flujo y reflujo de las mareas, sino “a partir del alcance de inundación de los huracanes, categoría tres o cuatro, y del alcance de la ola que va por encima de la marejada ciclónica”.

El estudio de Índice de riesgo climático 2025, producido por la organización Germanwatch, encontró que el archipiélago fue uno de los países más afectados por desastres naturales en 2022, y lo colocó como el sexto país más vulnerable al cambio climático causado por la actividad humana.

El 20 de marzo, un fuerte oleaje causó una inundación costera en Aguadilla. Este video fue tomado por Héctor Varela de @surfriderpuertorico y publicado por Déborah Martorell.

En momentos en que el resto del mundo se preocupa por la crisis climática, el gobierno de Puerto Rico está literalmente cediendo terrenos que, en un futuro, terminarían cubiertos de escombros o bajo agua.

Si quieres seguir disfrutando de tus playas y no ver las costas contaminadas con desarrollos, comparte este artículo y déjaselo claro a tu representante: las playas son pa’l pueblo.

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