Más allá de las elecciones: Cómo construir democracia en una colonia

Este artículo fue publicado originalmente en la revista Yes! Magazine.

Alicia Nebot aún recuerda la llamada que recibió hace 16 años y que comenzó un movimiento en Río Piedras. Ese día, el reverendo de su iglesia le dijo que el Municipio de San Juan —la capital— iba a expropiar la propiedad donde se congregaban. “Nos quedamos en shock”, detalla. Nebot no podía creer que el municipio amenazara con desalojar al edificio que había albergado a la iglesia durante 50 años. La iglesia se ubicaba en la calle Arzuaga, una de las vías principales de Río Piedras, donde abundan los pequeños comercios locales.‍

Nebot y el reverendo convocaron de inmediato una reunión con el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUCE), la oficina que sirve de enlace entre la Universidad de Puerto Rico (UPR), la comunidad y el gobierno. En esa reunión, se enteraron de que el entonces alcalde de San Juan, Jorge Santini, había anunciado el proyecto Río 2012, que proponía la demolición de más de 100 edificios en Río Piedras.

“Quería reconstruir Río Piedras destruyendo Río Piedras”, recuerda José Luis González, residente de García Ubarri, una de las ocho comunidades que rodean el centro histórico.

Ese verano, 180 personas se reunieron en la Primera Iglesia Bautista de Río Piedras para formar la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras, con representantes de las ocho comunidades riopedrenses. Los asistentes firmaron un manifiesto comunitario que establecía un plan alternativo a Río 2012, uno que garantizara el acceso a viviendas asequibles.

Tras cinco años de reunirse, la comunidad de Río Piedras consiguió impedir que se ejecutara el plan de Santini. “La Junta Comunitaria, en ese momento, hizo mucha portavocía”, dice Mónica Ponce-Caballero, directora de CAUCE. “Con planteamientos y datos, paralizamos el proyecto. Ese ha sido el logro más significativo que hemos tenido”.

Tras esa victoria, la comunidad logró modificar la Ley de Rehabilitación de Río Piedras para incluir un fideicomiso de terrenos que garantice viviendas asequibles y que ayude a evitar la gentrificación. 

La participación de la junta comunitaria en la formulación de proyectos de ley, la campaña sobre cuestiones sociales, la organización de reuniones de vecinos y el debate de ideas son ejemplos de cómo la gente se compromete y hace política, más allá del día de las elecciones. Por encima de todo, es un ejemplo de una comunidad que trabaja por los asuntos que le importan, dentro de un contexto en el que no existe una verdadera democracia.

Desilusionados pero empoderados

“Puerto Rico no es una democracia porque es una colonia, y en una colonia, por definición, el pueblo no se da a sí mismo sus propias leyes”, afirma Joel Colón-Ríos, profesor de Derecho en la Universidad de Essex (Reino Unido).

“Sin embargo, esto no quiere decir que en Puerto Rico no puedan existir espacios democráticos”. Un verdadero gobierno del pueblo no debe consistir solo en participar en los debates, sino en “tomar decisiones vinculantes sobre las normas y políticas que le aplican a la comunidad”, añade. “Para que eso ocurra, usualmente hace falta un cambio en el sistema legal”.

Aunque Puerto Rico tiene un gobernador y una asamblea legislativa electa por sus residentes, el gobierno de EE.UU. no reconoce la soberanía del pueblo puertorriqueño, por lo que el gobierno del archipiélago no puede intervenir en asuntos internacionales y tiene restringida la importación de mercancías a través de barcos foráneos.

Por su parte, el Congreso puede decidir cuándo excluir a los residentes puertorriqueños de los derechos laborales o de los beneficios sociales que gozan los demás ciudadanos estadounidenses. El archipiélago elige un comisionado residente en Washington, D.C., que es delegado del Congreso de EE.UU., pero no tiene voto. 

En Puerto Rico, las elecciones locales se han vuelto irrelevantes para muchas personas, sobre todo desde 2016, cuando Estados Unidos impuso una Junta de Control Fiscal que ordena recortes presupuestarios y que utiliza sus poderes similares al veto para prohibir medidas legislativas. Las medidas de austeridad aplicadas al gobierno municipal y central —junto con la burocracia— complican incluso las peticiones menores de la comunidad, como la reparación de aceras.

“El proceso de construcción de esa acera [en Río Piedras] tomó más de un año y lo hicieron mal”, dice Rahisa Delucca Morales, representante de los residentes de Blondet en la Junta Comunitaria del Área Urbana de Río Piedras. “De cierta forma, la organización comunitaria permite que esto se haga y se reclame, pero dilatar los procesos y hacerlos mal, desanima a la gente”.

Como resultado, muchas comunidades de Puerto Rico no reciben el apoyo ni los recursos que necesitan, y se han desencantado.

“Por la situación que estamos viendo en el país, la gente está bien cansada”, afirma Jackie García Flores, actual presidenta de la junta comunitaria de Río Piedras. “Cuando invitas a la gente [a participar], se preguntan: ¿Para qué?”.

La apatía política es una tendencia mundial en crecimiento, sobre todo cuando se trata de votar. En las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, el 34% de la población con derecho al voto decidió no participar, según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida. Las elecciones de 2020 fueron las de mayor participación en más de un siglo, pero la participación electoral no ha superado el 80% desde 1888, y el 70% desde 1900.

La tasa de participación electoral ha sido más baja entre personas de 19 a 29 años y poblaciones no blancas durante los últimos 38 años. Y cómo estos datos solo se refieren a los residentes con derecho al voto, excluyen a una gran parte de la población: 9 Millones calculó que 30 millones de personas tienen prohibido votar porque han cometido un delito grave, no son ciudadanos o viven en un territorio estadounidense.

Pero votar está lejos de ser la única forma de participar en una democracia, y para aquellos que deciden no votar —o a quienes se les niega el derecho—, las comunidades están ingeniando formas creativas de lograr que se escuchen sus voces.

Un sistema antidemocrático

Estados Unidos suele describirse como una “democracia representativa” porque la gente elige a los representantes que crean las leyes. Colón-Ríos dice que elegir a los funcionarios es solo la primera parte.

“Para que un sistema como ese pueda ser descrito como una 'democracia representativa' no basta con que haya una legislatura electa, sino una legislatura electa que adopte leyes consistentes con las preferencias e intereses del pueblo”, afirma. Y según el profesor, eso debería incluir a todos los votantes de Estados Unidos y sus territorios. 

El problema en Estados Unidos, y en otros países supuestamente democráticos, es la clara desconexión entre los deseos del pueblo y las leyes que se aprueban. Múltiples encuestas muestran que, en Estados Unidos, existe un apoyo generalizado a aumentar los impuestos de corporaciones para así financiar servicios esenciales, reducir los precios de los medicamentos recetados y lograr una mayor asequibilidad de la cobertura médica.

Mientras tanto, las mayores  prioridades de los votantes jóvenes son el control legislativo de las armas, el aumento de acceso a la atención médica para la salud reproductiva y la reducción de las causas que contribuyen al cambio climático. Sin embargo, la legislación relacionada con estos esfuerzos se ha quedado estancada en el Congreso estadounidense.

Esta desconexión se debe, en parte, a que muchos legisladores provienen de clases económicas y sociales cuyos intereses defienden, explica Colón-Ríos. Según Open Secrets —una organización no partidista sin ánimo de lucro, que rastrea el dinero en la política estadounidense—, más de la mitad de los congresistas estadounidenses en 2018 eran millonarios. Este dato contrasta enormemente con el 7% de personas en Estados Unidos que tienen activos superiores al millón de dólares.

Además, mientras que los hombres blancos representan el 30% de la población, representan el 62% de los titulares de cargos públicos, según un análisis de 2021 hecho por Reflective Democracy Campaign. “El resultado es que las leyes que adoptan, muchas veces, protegen los intereses de ciertos grupos sobre los intereses de la mayoría”, explica Colón-Ríos.

De hecho, el dinero destinado a los grupos de interés empresariales se ha duplicado en las dos últimas décadas, según el People’s Action Institute. Cada vez son más las organizaciones que trabajan para cambiar esta situación. Reflective Democracy Campaign propone trasladar el poder de los donantes, los políticos y las personas influyentes —que controlan los apoyos y la financiación— a los líderes comunitarios.

La campaña concede subvenciones a grupos organizadores de base como Michigan United, Take Action Minnesota y el Texas Organizing Project, para que formen a sus miembros en la defensa de sus comunidades, desempeñando diversas funciones como activistas, organizadores, gestores de campañas y funcionarios electos o designados. 

Este modelo también fue adoptado por el People's Action Institute, que se centra en reforzar el poder de los pobres y de los trabajadores a través de adiestramiento, endosos y la organización de campañas. El Instituto funciona como una coalición de 42 organizaciones de base comunitaria, tanto locales como estatales en EE.UU., que han desarrollado una “plataforma popular” y que respaldan a los candidatos que se comprometen a aplicarla.

El instituto afirma que, en 2022, sus miembros tocaron millones de puertas, hicieron millones de llamadas telefónicas, enviaron un millón de mensajes de texto para apoyar a los candidatos respaldados, y ayudaron a elegir a nueve candidatos a cargos federales y 75 a legislaturas estatales. 

Algunas organizaciones —como Asian American Women's Political Initiative y Advance Native Political Leadership—, se centran en aumentar la diversidad y la representación de comunidades históricamente marginadas, mientras que otras promueven métodos para que el gobierno responda mejor a la comunidad, como los presupuestos participativos.

Por ejemplo, el Proyecto de Presupuestos Participativos facilitó un proceso con las escuelas de Bushwick, en Brooklyn, Nueva York. Su tarea consistía en determinar colectivamente la mejor manera de gastar $250,000 de la Oficina del Presidente del Distrito de Brooklyn destinados a un programa de seguridad escolar. Alumnos, familiares y personal intercambiaron ideas, elaboraron propuestas y, finalmente, aprobaron un plan para renovar los baños de género neutro y ampliar un programa de justicia restaurativa. 

La apatía en las urnas no es apatía política

Insatisfechos con su representación política y con la burocracia gubernamental, algunos grupos prefieren crear instituciones no gubernamentales donde tengan voz y voto. Este es el caso de los agricultores agroecológicos que, en 2010, organizaron el Instituto de Agroecología de Puerto Rico, que luego se formalizó como entidad sin ánimo de lucro en 2018, tras los huracanes Irma y María.

“Ya cuando llegó María, estaba demasiado precarizada la cosa”, cuenta Carlos Figueroa Robles, gerente de operaciones del Instituto. Tras el paso del huracán, Puerto Rico estaba recibiendo donaciones tanto de particulares como de fundaciones, pero para recibir esos fondos, los proyectos necesitaban constituirse como organizaciones sin ánimo de lucro y debían contar con permisos, como el estatus 501(c)(3). Figueroa Robles dice que el Instituto tuvo que convertirse en una entidad legal, sin fines de lucro, que pudiera facilitar el proceso de acceso a estos fondos. 

“Los agricultores agroecológicos, ante el Estado, no son agricultores”, dice. Muchos agricultores agroecológicos no cumplen los requisitos del Departamento de Agricultura para ser certificados como “agricultores bonafides” porque no generan suficientes ingresos, no cuentan con suficientes tierras o no pueden demostrar que son propietarios. Para las ayudas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, gran parte del papeleo exige conocimientos técnicos y dominio del inglés. Estas barreras limitan el acceso a prestaciones y fondos.

“Estas trabas es lo que produce que sean familias pobres”, añade Figueroa Robles, que cursa un doctorado en Trabajo Social en la UPR.

El Instituto de Agroecología está dirigido por un consejo asesor compuesto por casi 100 personas, la mayoría de ellas agricultores miembros. Dos veces al año, se reúnen para indicarle a su grupo de trabajo cuáles deben ser sus prioridades para atender mejor las necesidades de sus miembros.

En 2022, el Instituto de Agroecología se unió a otras organizaciones para crear el Fondo Fiona, que ofreció cinco meses de ingresos complementarios a 50 explotaciones agroecológicas. “El fin es poder acompañar a todas esas iniciativas para poder mermar toda esa carga administrativa impuesta, y entonces ir poder generando bienestar, ir validando sus prácticas, mediante investigaciones, ya sean participativas o de acompañamiento”, señala Figueroa Robles.

El aumento del costo de los alquileres es otro desafío para los agricultores de Puerto Rico. En los últimos 40 años, Puerto Rico ha perdido más de 511,000 acres de tierras agrícolas, según el Censo Agrícola Federal. Esto se debe, en gran parte, al mercado inmobiliario especulativo y al desarrollo excesivo. “Estamos siendo desplazadas”, afirma Figueroa Robles. “En vez de contener el poder y centralizarlo, es cómo poder democratizarlo, y que las mismas personas que son custodias y trabajan la tierra puedan entonces tener esas decisiones y esos cuerpos de gobernanza democráticos para para poder llevarlo a cabo”.

“Estamos siendo desplazadas”, afirma Figueroa Robles. “En vez de contener el poder y centralizarlo, es cómo poder democratizarlo, y que las mismas personas que son custodias y trabajan la tierra puedan entonces tener esas decisiones y esos cuerpos de gobernanza democráticos para para poder llevarlo a cabo”.

Melmary Aguilar Ríos, agricultora de tercera generación natural de Mayagüez —un pueblo del oeste de Puerto Rico—, convierte los productos que cosecha en jugos y alimentos que luego vende desde su camión de comida, Echando Raíces. Lleva cinco años restaurando el suelo de una finca, pero ahora el dueño quiere que se vaya. Como es miembro fundadora del fideicomiso de tierras comunitarias, que el Instituto de Agroecología creó en 2023, ahora tiene la oportunidad de trabajar en tierras de las que es copropietaria, junto a otros miembros del colectivo.

“Gracias al Fideicomiso, puedo sentirme más segura a la hora de poder tener un espacio y que no te lo quiten”, afirma. 

Colón-Ríos asegura que crear una sociedad más democrática requiere que trabajemos colectivamente desde la base, pero subraya que “la toma de decisiones vinculantes depende de que el sistema político le reconozca la validez de esos espacios, o sea, que se reconozca el poder decisional a esos espacios”.

Para que se produzca este reconocimiento, Colón-Ríos afirma que los grupos que luchan por el cambio deben crear una fuerza política amplia, ya sea formando un movimiento social o un partido político. Señala como ejemplo el levantamiento de Chile por cambios constitucionales, y como otro la destitución del gobernador Rosselló en Puerto Rico. “Para lograr un cambio sistémico, es necesario identificar demandas comunes a todos los grupos que luchan por el cambio”, añade Colón-Ríos.

“Para lograr un cambio sistémico, es necesario identificar demandas comunes a todos los grupos que luchan por el cambio”, añade Colón-Ríos. 

Así que, con las elecciones generales de Puerto Rico y las presidenciales de Estados Unidos a la vuelta de la esquina, puede que sea el momento de centrarse menos en los electores y más en aquellos que intentan garantizar que las voces de todas las personas sean escuchadas. Aunque Puerto Rico no tiene soberanía, cada vez hay más grupos que se unen para crear espacios que puedan conducir a una vida más digna en el archipiélago, incluyendo la descolonización. 

A pesar del incesante trabajo haciendo campaña y celebrando asambleas, García Flores, presidente de la Junta Comunitaria del Área Urbana de Río Piedras, tiene clara una cosa: “Si la junta comunitaria no existiera, esto sería a suerte y verdad”. 

Este tipo de organización local, y la insistencia en los procesos democráticos participativos, son herramientas que toda comunidad puede utilizar para asegurarse de que sus tierras y recursos se diseñen teniendo en cuenta sus intereses.

Mientras tanto, Figueroa Robles se centra en defender leyes que permitan a los puertorriqueños crear sistemas de democracia participativa: “No podemos esperar el panorama ideal para empezar a crear otros mundos y otras realidades”.