Comunidades de Río Piedras se organizan para ayudar a inmigrantes asediados por orden de Trump

Al día siguiente de que agentes federales de Estados Unidos irrumpieron en comunidades puertorriqueñas donde tradicionalmente se han establecido inmigrantes, residentes de Río Piedras salieron en defensa de sus vecinos inmigrantes al ir casa por casa orientando sobre los derechos civiles que tienen y cómo se pueden proteger si las autoridades llegan a su puerta.

“Son hermanos que vinieron aquí a trabajar”, dijo Miguel Acevedo Sierra, artesano y líder comunitario, mientras caminaba por las calles poco iluminadas de su barrio. 9 Millones acompañó a un grupo de vecinos —incluido Acevedo Sierra— que repartió volantes.

En total, cerca de 40 personas se distribuyeron por los barrios de Río Piedras repartiendo folletos en los buzones, verjas y portones de las casas. Los entregaban directamente a cualquier persona que se encontraran en la calle, y los colocaban en los parabrisas de los carros. Los voluntarios que hablaron con 9 Millones dijeron que, en general, la gente se mostró receptiva al mensaje de solidaridad y respaldo comunitario a los inmigrantes.

Acevedo Sierra contó que los dominicanos de su barrio se han mantenido a puerta cerrada por el miedo a ser blanco de las autoridades federales en estas redadas. El despliegue de armas y equipamiento militar, que hicieron el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Puerto Rico, sembró el terror en la comunidad inmigrante.    

La Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras (Jccurp) planificó esta respuesta después de que dos jóvenes advirtieron, en un chat de grupo con representantes de las comunidades riopiedrenses, que estaban arrestando a sus vecinos. A partir de ahí, residentes de todo Río Piedras empezaron a compartir información que habían visto en las redes sociales. El grupo organizó la orientación en persona, pues consintieron que sería más efectivo, sobre todo, porque proporciona “caras conocidas para identificar dónde podían obtener ayuda”, según Odalys Rivera Vázquez, representante de una de las comunidades en la Jccurp.

Edwin Figueroa Collazo, líder comunitario —donde el ICE arrestó a ocho personas que estaban de camino a su trabajo en la madrugada del domingo—, criticó la forma inhumana en que el gobierno de Estados Unidos condujo las detenciones. “Sus familias no saben nada. Tienen miedo de que los maltraten… que no les estén dando comida”, lamentó.

Sólo uno de los ocho detenidos se ha podido comunicar con su familia tras ser arrestado, detalló Figueroa Collazo. Igualmente, recalcó que para muchas familias, la persona arrestada era quien único generaba ingresos. Ahora, no solo se quedan sin un miembro de su familia, sino que entran en problemas económicos.

Tanto Rivera Vázquez como Figueroa Collazo temen que la próxima parada en la cruzada antiinmigrante del ICE sean las escuelas. La directora de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Puerto Rico, Rebecca González Ramos, ya aseguró que las podrían allanar, aunque luego se retractó públicamente. “No es nuestra misión entrar a las escuelas”, aclaró posteriormente, y añadió que trabajarán con el gobierno local para “evitar llevar a cabo un operativo en esas localidades”. Horas después, la Federación de Maestros de Puerto Rico denunció que la región educativa de Bayamón comenzó a solicitar la información de estudiantes indocumentados o inmigrantes.

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump revocó las políticas migratorias de Joe Biden y ordenó a sus jefes de agencia remover las restricciones que prevenían que ICE entrara a escuelas, hospitales e iglesias, o centros de culto.

En la ciudad de Chicago, la administración de las escuelas públicas le ha negado la entrada a las autoridades federales si no proveen una orden judicial penal firmada por un juez federal. Es decir, no basta con llevar una orden administrativa haciendo cumplir la ley de inmigración civil; tiene que haber una investigación criminal por conducta delictiva. De hecho, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) recalca que ser inmigrante indocumentado no es un crimen en Estados Unidos, sino una ofensa civil.

Las redadas del domingo se produjeron como parte de la “mano dura” antiinmigrante impulsada por el presidente Trump, quien impuso cuotas a las oficinas locales para arrestar, al menos, 75 personas por día, según fuentes del Washington Post. Tanto funcionarios como exfuncionarios del ICE, que hablaron con el Washington Post bajo condición de anonimato, dijeron que la presión para cumplir con estas cuotas resultaría en “tácticas más indiscriminadas” y haría que la agencia enfrente “acusaciones de violaciones de derechos civiles”.

Aunque la gobernadora González Colón sostuvo que las redadas solo se dirigen a migrantes “con récord criminal”, el primer operativo de la agencia federal en Puerto Rico —desde que el presidente Trump firmó la orden ejecutiva— atrapó indiscriminadamente a personas con documentos migratorios, al igual que a personas indocumentadas.

"Lo mejor que tenemos es esto: estar en comunidad”, puntualizó Mariana Soler Olivera, una de las voluntarias en Río Piedras, mientras la gente se reunía frente al centro comunitario Casa Ruth.

Rivera Vázquez informó que estarán haciendo más eventos para informar sobre los derechos de los migrantes a la comunidad de Río Piedras e igualmente están trabajando para conectar a personas afectadas por las redadas con representación legal.

Nota de la editora: 9 Millones hace periodismo solidario y que inspira a la acción. Si usted es inmigrante y necesita orientación sobre las medidas de Donald Trump, puede llamar a la Línea de Apoyo Legal para Inmigrantes de Ayuda Legal Puerto Rico al 939-545-3030. Esta línea opera de lunes a viernes, de 10:00 AM a 2:00 PM.