Lanzan campaña para derogar la Ley 22
Organizaciones comunitarias y sin fines de lucro se unen bajo el lema “Not Your Tax Haven”
Organizaciones dedicadas al derecho a permanecer lanzaron, este viernes, la campaña de educación y movilización Not Your Tax Haven, frente a las oficinas de la Compañía de Turismo, en el Viejo San Juan. El esfuerzo, liderado por una coalición que aglomera sobre una decena de organizaciones, pretende evidenciar cómo el gobierno ha incumplido en ejecutar la antigua Ley 22 de 2012 (ahora, bajo la Ley 60 de 2019) y presionar para que se derogue esta legislación.
Sobre una decena de organizaciones componen la Coalición, entre ellas, Puerta de Tierra No Se Vende, la Asociación de Titulares de Condominios y “Abolish Act 60”/Suministrada por Alexandra Marie Figueroa
La iniciativa se diseñó para documentar “la otorgación desmedida de generosas exenciones contributivas” a inversionistas y empresarios extranjeros, junto a la falta de transparencia gubernamental, y para denunciar el impacto “económico, ambiental y en la vivienda” del decreto, según el comunicado de prensa difundido por el Centro para la Democracia Popular (CPD, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones miembro de la Coalición Puerto Rico no se vende. La iniciativa también incluye esfuerzos dirigidos a la Legislatura, mencionó el director de campañas del CPD, Julio López Varona.
El gobierno de Luis Fortuño creó, en 2012, la política pública de incentivar a inversionistas extranjeros para que se trasladen a Puerto Rico. Como parte de la campaña electoral de 2016, Alejandro García Padilla la prometió derogar, pero —al asumir su mandato— indicó que había cambiado de opinión ante la influencia del entonces secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó Bagué. En 2019, Ricardo Rosselló derogó el estatuto, pero solo para consolidar todas las exenciones contributivas en un Código de Incentivos —conocida como la Ley núm. 60 de 2019—. Aunque la ley ha sido enmendada para pedir "requisitos" de inversión y de creación de empleo en el archipiélago, decenas de organizaciones han denunciado que el gobierno no fiscaliza su cumplimiento.
“El gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley 22 en 2012, con el propósito de atraer lo que se han denominado ‘individuos inversionistas’. Dicha ley no contiene un solo requisito de inversión pública, y hoy —luego de 10 años, y otorgar sobre 4,000 decretos— aún no tiene el gobierno la capacidad para fiscalizar y publicar los informes que establece la propia Ley (22) como requisito”, resaltó López Varona.
El último Informe de Gastos Tributarios del Departamento de Hacienda proyecta que, en 2023, el gobierno perdió $342 millones en ingresos perdidos. Cuando se revisan los datos de los últimos seis años, el total de ingresos dejados de devengar asciende a $2.2 mil millones, planteó la coalición en el comunicado de prensa.
La coalición —explicó la manejadora de la campaña, Marilyn Goyco García— está compuesta por organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria, que están “directamente afectadas por la Ley 22”, tales como: Construyamos Otro Acuerdo, VAMOS Puerto Rico, Puerta de Tierra No se Vende, Abolish Act 60, Residentes de Puerta de Tierra, Asociación de Residentes del Viejo San Juan, Escambrón Unido, Asociación de Titulares de Condominios, Asociación de Residentes Machuchal Revive, Puerta de Tierra se Defiende, Mi Patria, Proyecto Metamorfosis, y Proyecto Revivir PR.
La portavoz de VAMOS Puerto Rico, Sandra Cruz García, añadió que el esfuerzo busca unir a organizaciones de otros municipios del archipiélago, y anticipó que la representación en otras regiones se verá pronto. Goyco García compartió, a preguntas de 9 Millones, que la coalición está planificando conversatorios en Isabela, Toa Baja, Aibonito y Loíza, en coordinación con Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR).
Las estrategias de la campaña incluyen una página web, junto a la mensajería por texto y las convocatorias por redes sociales. Además, la coalición desarrolla un esfuerzo “paralelo”, en el ámbito federal, que busca fiscalizar la investigación encabezada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), de acuerdo con el CPD.
Goyco García explicó que, tras descubrir que el IRS realizaba una investigación sobre los beneficiarios que estaban incumpliendo con los requisitos para recibir la exención contributiva, los investigadores del CPD sometieron una solicitud de información bajo la Ley federal para la Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés). Por su parte, el IRS publicó un memo que explicaba cómo se les dificultaba el acceso a datos de parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
“Ellos dicen que no pueden obligar al DDEC a responder, pero que el Congreso, con sus poderes, puede ayudar”, aclaró la manejadora de la campaña. Debido a esa recomendación, el grupo se comenzó a reunir con congresistas en Estados Unidos desde hace unos meses. “Tenemos ambas campañas, de forma paralela, sin que el Congreso intervenga en la ley local, sino que su rol sea más de fiscalizar la investigación del IRS”, resumió.
La campaña tomó alrededor de 8 a 9 meses en formarse, contó la manejadora de la campaña a 9 Millones. En un inicio, la coalición se centró en levantar datos de la lista de beneficiarios que aparecían en la página del DDEC. La agencia comenzó a publicar la información cuando el tribunal determinó que era de carácter público, tras una demanda que hizo la organización Espacios Abiertos. Goyco García contó que, en algún momento, los investigadores notaron que la lista se redujo de 26,000 a 16,000. “Le hemos estado haciendo preguntas al DDEC sobre por qué pasó eso y no hemos obtenido respuestas al momento, más allá de dirigirnos a la lista en web”, apuntó Goyco García.
El grupo anticipó que la campaña se extenderá hasta las elecciones, que se celebrarán el próximo año, en noviembre de 2024.
Por su parte, López Varona sentenció que los legisladores "van a ser vistos por la población basado en sus decisiones en el próximo año", aludiendo a la postura no-partidista, pero sí política, de la coalición. “Vamos a ejercer presión para que esas personas, que van a estar tomando decisiones en el futuro sobre la legislación, entiendan que nuestra campaña educativa va a tener un impacto”, agregó.
Entre los próximos pasos del movimiento, se celebrarán actividades como “Ocupa tu playa”, a las cuales familias enteras podrán asistir para educarse y organizarse de manera accesible.
Entre los manifestantes, se encontraba Kassandra Colón, del equipo de CPD ubicado en la diáspora puertorriqueña. “Como puertorriqueña, es extremadamente importante ver a mi patria y la comunidad de donde viene mi familia verdaderamente prosperar y que tenga las condiciones para prosperar... Pelear para atrás y usarlo como una manera para reclamar nuestra tierra es por qué la gente debe unirse”, dijo al ser abordada por 9 Millones.
La conferencia de prensa, celebrada frente a la Compañía de Turismo, fue una estrategia de la coalición para criticar la complicidad que se percibe de la compañía de manejo del destino Discover Puerto Rico y de la Compañía de Turismo local a favor de los impactos de la Ley 22, de acuerdo con López Varona./Cielo Naara Ríos Camacho
Los periodistas Laura M. Quintero y Luis Alfaro Pérez colaboraron como editora y corrector, respectivamente.
