Sin una silla en la mesa, pero no sin voz: Puerto Rico en la COP29

Carlos Berríos Polanco cubrió la conferencia en Bakú, Azerbaiyán gracias a la Beca de Justicia Climática del Caribe COP29 de Climate Tracker.

Diplomáticos, economistas, periodistas y activistas ambientales de todo el mundo se dieron cita en el Estadio Olímpico de Bakú en Azerbaiyán para la 29ª Conferencia de las Partes (COP29). Este acontecimiento histórico de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) es la conferencia climática más importante del mundo. A pesar de ser uno de los países más afectados por la intensificación de los huracanes, la subida del nivel del mar y la erosión costera, Puerto Rico no tiene representación oficial en la COP29.

Al ser un territorio colonial de Estados Unidos, Puerto Rico depende de la delegación estadounidense para abogar en su nombre —una posición que, según expertos, deja al archipiélago vulnerable a la hora de enfrentar el impacto del cambio climático.

La mayoría de los puertorriqueños en la COP29 pertenecen a organizaciones no gubernamentales (ONGs) o grupos de la sociedad civil, un tipo de asistencia que solo les otorga el estatus de “observadores”. Esta designación les permite asesorar o intervenir durante las negociaciones, pero les niega el poder de participar directamente. No obstante, algunos puertorriqueños se unieron a la conferencia como parte de la delegación estadounidense o como asesores de otras naciones.

Jesús Vázquez Negrón, organizador de la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica, explicó la urgencia de incluir una representación puertorriqueña.

“El rol principal de los puertorriqueños aquí es que puedan hablar desde sí mismos. [Para] nosotros, por nuestro contexto de colonización, Estados Unidos es quien podría hablar por nosotros, pero ni eso hacen”, dijo. Vázquez Negrón ha estado asistiendo a la COP por casi una década, colaborando con La Vía Campesina, un movimiento internacional para el avance de la soberanía alimentaria. En sus años de asistencia a la conferencia, ha observado como la falta de poder de negociación se extiende a otras colonias estadounidenses, como Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

La importancia de que los puertorriqueños estén presentes en la conferencia recae en identificarse con los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, en inglés) y tomar las posturas necesarias para beneficiarse a escala global, lo que ayudaría a Puerto Rico, aunque el archipiélago solo sea miembro asociado de la Comisión Regional para América Latina y el Caribe y no pueda participar en las negociaciones, explicó Isatis Cintrón Rodríguez, directora ejecutiva de Climate Trace PR, organización ambientalista fundada en 2015.

“Estados Unidos es uno de los peores jugadores dentro de los salones de negociaciones, definitivamente no tienen ningún tipo de prioridad sobre lo que es Puerto Rico”, señaló. Cintrón Rodríguez también lidera ACE Observatory, una organización que trabaja para avanzar en la gobernanza climática y la acción climática centrada en las personas. “ACE” o “acción para empoderamiento climático” se refiere al trabajo realizado en virtud del artículo 6 de la CMNUCC y el artículo 12 del Acuerdo de París, que se centra en la educación, la capacitación, la conciencia pública, la participación pública, el acceso a la información y la cooperación internacional.

9 Millones solicitó una entrevista con un miembro puertorriqueño de la delegación estadounidense. Al cierre de esta edición, no han respondido a la solicitud.

Los SIDS son un grupo único de naciones en desarrollo que comparten circunstancias similares, reconocidos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo en 1992. La dependencia de estas islas de las importaciones, el acceso limitado al financiamiento, la presión de la deuda y su dependencia de los recursos oceánicos las sitúan en la “primera línea del cambio climático”, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, en inglés) negocia en nombre de los SIDS durante el proceso de la COP de la CMNUCC. Puerto Rico es uno de los cinco miembros observadores, junto con Guam, las Islas Vírgenes de EE.UU., Samoa Americana y las Antillas Holandesas.

En una declaración realizada en agosto de 2002 en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, el entonces Secretario de Estado interino de Puerto Rico, Miguel Soto Lacourt, calificó a Puerto Rico como una “nación insular en desarrollo” y lamentó que el archipiélago había sido “excluido” de las acciones discutidas por las comisiones regionales y mundiales. “Es imperativo que volvamos a entrar a la escena global completamente y consistentemente”, dijo en aquel entonces. 

El legado colonial frente a la vulnerabilidad al cambio climático

América Latina y el Caribe contribuyen menos del 10% de las emisiones mundiales. Sin embargo, son dos de las regiones más afectadas por el cambio climático. Por su parte, EE.UU. es el segundo mayor emisor del mundo, con el 11.3% del total las emisiones globales, según la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global. Puerto Rico solo representa el 0.03%.

Puerto Rico fue eliminado de la lista de territorios no soberanos de las Naciones Unidas en 1953, tras declararse “Estado Libre Asociado”, un estatus en el que no es ni nación soberana ni un estado estadounidense. EE.UU. mantiene un control significativo sobre la gobernanza del archipiélago, incluyendo la imposición de una junta de control fiscal que ha aplicado medidas de austeridad tras la declaración de bancarrota del archipiélago en 2016. Este estatus colonial ha dejado a Puerto Rico sin acceder a los mecanismos de financiamiento climático de la CMNUCC que las naciones desarrolladas proveen a sus  países vecinos.

Aunque Puerto Rico ha votado simbólicamente en múltiples ocasiones a favor de la estadidad —incluso durante las elecciones más recientes— solo el Congreso puede añadir un nuevo estado a la Unión. Tras las elecciones de 2024, el líder de minoría en el Senado, Mitch McConnell, declaró que la estadidad para Puerto Rico no va a ocurrir. Por otro lado, el Comité Especial para la Descolonización de la ONU ha aprobado múltiples resoluciones que reafirman el “derecho inalienable” de Puerto Rico a la autodeterminación y la independencia, pero no ha ocurrido cambio alguno en el estatus del archipiélago.

Estos desequilibrios de poder dejan a los puertorriqueños entre la espada y la pared, ya que sus emisiones son insignificantes y se ven muy afectados por el cambio climático, pero no tienen voz en las negociaciones mundiales sobre las condiciones climáticas.

“Nosotros podemos influenciar esas negociaciones —dejarnos sentir— pero muchas veces esos gobiernos no están en sintonía con la realidad de nuestra gente”, Vázquez Negrón dijo después de participar en una de las múltiples protestas dentro del Estadio Olímpico que fue precoordinanada con la seguridad de la ONU.

No habrá financiamiento climática para Puerto Rico en la “COP de Finanzas”

La COP29 fue tildada la “COP de Finanzas” porque los países estaban negociando la cantidad de financiamiento climático que los países desarrollados deben dar a los países en desarrollo. Muchos países en desarrollo estaban exigiendo $1.3 billones anuales, mayormente compuesto por subvenciones, para el objetivo de financiación, también conocido como Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, en inglés). 

Sin embargo, el sábado después del último día agendado de la COP29, los países adoptaron un NCQG de $300 mil millones anuales para el 2035 con los “países desarrollados tomando la iniciativa” para proveer fondos, los cuales pueden venir de varias fuentes, incluyendo públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, incluso fuentes alternativas. El texto también incluye un objetivo más amplio de por lo menos $1.3 billones para el 2035, que puede provenir de fuentes públicas o privadas. 

El objetivo original, que era de  $100 mil millones para 2020, solo se alcanzó en 2022, y expira en 2025.

Una representante de la delegación de India calificó el documento como “una ilusión óptica”, mientras que la delegada climática de las Islas Marshalldijo “no es suficiente, pero es un comienzo”, según Reuters.

Sin embargo, Puerto Rico no tendrá acceso a ninguna parte de este financiamiento climático por su estatus colonial.

“Como [Puerto Rico] es parte de EE.UU., ningún país desarrollado le va a dar dinero a EE.UU., pero si solo es Puerto Rico, entonces lo harían", explicó  Ramon Cruz Díaz, antiguo vicepresidente de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico.

En septiembre de 2017, los huracanes Irma y María causaron más de 4,000 muertes y sobre $90 mil millones en daños a Puerto Rico, casi lo mismo que el Producto Interior Bruto (PIB) de ese año ($103 mil millones). Las secuelas de ese desastre climático y de otros, como los terremotos de 2019 y el huracán Fiona en 2022, se siguen sintiendo hoy en todo el archipiélago.

Hasta octubre de 2024, el gobierno federal había asignado más de $39 mil millones en fondos de recuperación vinculados a los desastres climáticos ocurridos desde el 2017, según datos facilitados por la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia. De esos fondos, $35.7 mil millones han sido obligados y $10.7 mil millones han sido desembolsados.

Durante su primer cuatrienio, la administración de Trump retrasó más de $20 mil millones en ayudas tras el huracán María, según un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. Mientras tanto, expertos puertorriqueños coinciden en que la reelección de Donald Trump podría significar una reducción en los fondos federales para el archipiélago.

Si el mundo alcanza los 2°C de calentamiento y no se toman medidas para mitigar los efectos del cambio climático, podría causar una pérdida de casi $379, 270 millones en el PIB de Puerto Rico, según un estudio publicado por el Departamento de Recursos Naturales y el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático.

Las políticas climáticas actuales en todo el planeta sitúan al mundo en la senda de alcanzar 2.7°C de calentamiento.

No está claro si Puerto Rico tendría acceso al financiamiento climático de la CMNUCC si se convirtiera en una nación independiente porque se desconoce  cómo la ONU calificaría su economía. Una nota de investigación de 2017 estimó que el Índice de Desarrollo Humano ajustado por  Desigualdad del archipiélago es similar al de Croacia y Kazajstán: entre la línea de los países desarrollados y en desarrollo. Sin embargo, el PIB de Puerto Rico es uno de los más altos en el Caribe, solo sobrepasado por otras colonias de países del Norte Global, según datos del Banco Mundial. 

Tanto Cintrón Rodríguez, quien a asesorada países del Sur Global de camino a la COP29, como Cruz Díaz, profesor visitante en Princeton, creen que Puerto Rico podría considerarse un país de desarrollo de economía media-alta si se independizara, lo que le permitiría acceder a fondos de la CMNUCC para el clima, como el Fondo de Pérdidas y Daños o el Fondo Verde para el Clima. La independencia también permitiría a Puerto Rico establecer su propia Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC en inglés), un requisito clave bajo el Acuerdo de París que sirve como la ruta de una nación para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático. 

Sin embargo, Cruz Díaz enfatizó que el financiamiento climático no sería una “panacea” para los males financieros y ambientales de Puerto Rico, dado que carece del cuerpo diplomático para aprovechar estos fondos. 

Adrián Cerezo, investigador principal de la Universidad de Maine y becario del proyecto CHILD en el Centro de Estudios Infantiles de Yale —que acudió a la COP29 como asesor de la República de las Islas Marshall— señala que, aunque Puerto Rico no sea parte en las negociaciones, siempre será parte de los efectos cada vez mayores del cambio climático si se ignoran las medidas de mitigación y adaptación.

El archipiélago está lejos de alcanzar sus objetivos de energía renovable del 40% para 2025 y del 100% para 2050 (el archipiélago solo tiene alrededor del 6% de su electricidad procedente de fuentes renovables). New Fortress Energy, que vende gas metano a Puerto Rico y controla alrededor del 60% de la generación de energía a través de una filial, ha dicho que se sienten  “muy optimistas” sobre las conversiones de gas bajo la administración entrante de la Gobernadora electa Jenniffer González Colón.

El Presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev —que ha supervisado una brutal represión de las organizaciones de la sociedad civil, según Human Rights Watch— criticó a Francia y Holanda enumerando más de una docena de islas, como Aruba y Nueva Caledonia, que “siguen sufriendo hoy en el siglo 21 por el dominio colonial” y “a menudo son brutalmente reprimidas por los regímenes de sus metrópolis”. 

Mientras tanto, expertos y activistas climáticos, han hecho eco de las preocupaciones ante la política climática bajo el segundo mandato del Presidente electo Donald Trump. Cerezo teme que la administración de Trump pueda ser “apocalíptica” para las políticas nacionales de cambio climático y que pueda obstaculizar aún más las contribuciones de EE.UU. a los esfuerzos climáticos mundiales. Los ambientalistas describieron el posible enfoque del presidente electo como una “bola de demolición” para la acción climática global. 

A los ambientalistas y activistas de la sociedad civil les espera una “época compleja”, señaló Cintrón Rodríguez. Sin embargo, enfatizó que los enfoques y soluciones climáticas lideradas a nivel local podrían servir como muro a la política climática propuesta por Trump y a su impacto en los esfuerzos potenciales de Puerto Rico para mitigar el cambio climático.

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