¿Qué realmente está en juego en la Legislatura en las Elecciones de 2024?

Foto: La organización Mentes Puertorriqueñas en Acción organizó el foro "Yo opino, yo elijo", donde la juventud hizo preguntas para candidates a legisladores por acumulación, por distintos partidos y por candidaturas independientes.

Nota editorial: Esta nota se produjo gracias a una subvención del María Fund, en colaboración con Mentes Puertorriqueñas en Acción y La Escuela de Liderazgo. 9 Millones, junto a  estas otras dos organizaciones, forman parte de la coalición #PrendeTuVoto

La próxima Asamblea Legislativa podrá tener en sus manos un sinnúmero de metas para el desarrollo del país. Entre ellas, cambios a la operación del sistema eléctrico, aumentar las medidas anticorrupción, revertir los recortes presupuestarios al sistema universitario, agilizar el licenciamiento médico, y hasta cambiar cómo se administra el sistema de salud, a juzgar por algunas de las propuestas de los cinco partidos debatiéndose el poder.

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Sin embargo, todo depende de cómo finalmente queden constituidos los escaños legislativos, tras las elecciones. La Asamblea Legislativa se compone de 27 senadores y 51 representantes, aunque la Constitución de Puerto Rico permite que se amplíe para garantizar la representación de los partidos minoritarios.  

Al llegar a las urnas el martes, 5 de noviembre, y tener ante sí esta papeleta, es fundamental considerar qué está en juego en la Legislatura:

¿Por qué es importante la composición final de los cuerpos legislativos?

El asesor legislativo Erick Vázquez González explicó, en entrevista para este reportaje, que la Rama Legislativa es la más representativa de las tres ramas de gobierno.

“Las personas solamente escogen una persona que les representa en la gobernación y esa persona sube, selecciona secretarios y secretarias que lo van a asistir en su tarea de gobernar. Y en el caso del Tribunal Supremo, pues hay nueve jueces, —hay ocho actualmente— pero el país no escoge a ninguno de ellos porque no hay un sistema para seleccionar por el voto popular a esos jueces. Sin embargo, los puertorriqueños y puertorriqueñas sí escogen a sus legisladores y sus legisladoras. Escogen a los 78 que los van a representar en la Asamblea Legislativa”, expuso el abogado.

Sobre todo, su composición resulta importante porque “allí es donde se establece la política pública del país”. “Si bien es el Ejecutivo el que la implementa y la ejecuta con los secretarios de Gabinete, es la Legislatura la que define los contornos de esa política pública”, abundó Vázquez González.

Adicional a las medidas que tenga ante su consideración, la próxima Legislatura debe confirmar nombramientos hechos por el gobernador o gobernadora de trascendencia, tales como tres nombramientos al Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Procuradora de las Mujeres, el Contralor de Puerto Rico y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Para el licenciado y asesor legislativo, es importante conocer las propuestas de los partidos. “Al final del día, eso que ellos proponen hoy, como parte de su campaña, es lo que van a defender en la Asamblea Legislativa si resultan electos”, planteó Vázquez González.

A continuación, algunas de las propuestas incluidas en los programas de gobierno de los partidos, las cuales necesitarán acción por parte de la Legislatura para atender algunas de las problemáticas que enfrenta el archipiélago.

Transformación energética

La crisis energética en Puerto Rico —con los apagones frecuentes, costos elevados, la infraestructura obsoleta y alta dependencia de combustibles fósiles— continúa siendo protagonista de la cotidianidad puertorriqueña. LUMA Energy y Genera PR han enfrentado fuertes críticas debido a los incrementos en los costos de energía, el mal manejo de recursos públicos y la falta de progreso en la modernización del sistema eléctrico.

Por otro lado, la Ley de Política Pública Energética de 2019 exige alcanzar el 100% de energía renovable para 2050, pero la transición ha sido lenta, y tampoco hay certeza de que se cumplirá esa meta. Sobre este tema, los partidos proponen distintas medidas legislativas, aunque usan lenguaje ambiguo al mencionarlas.

• Partido Nuevo Progresista (PNP): "Revisaremos toda la legislación sobre política pública energética de Puerto Rico para asegurarnos de que se ajuste a nuestra realidad". Esto incluirá el nombramiento de un zar de energía, como un gerente a cargo de fiscalizar el cumplimiento de los operadores privados y coordinar los esfuerzos de reconstrucción de la red eléctrica.
• Partido Popular Democratico (PPD): El programa de gobierno establece que, tras el anuncio de la cancelación del contrato con LUMA Energy, “presentaremos nuestra política pública mediante legislación necesaria y se enmendará la Ley de las APP”. Se refiere puntualmente a enmiendas que permitan traspasar la fiscalización de la operación del sistema de transmisión y distribución de energía a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), “en lo que se sustituye el modelo que operará permanentemente”.
• La Alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC): “Bajo un modelo público reformado, la nueva AEE será una entidad autónoma, profesional y despolitizada, con una Junta de Gobierno formada por expertos de diversos sectores, seleccionados por su competencia y no por sus afiliaciones políticas. Este proceso incluirá la enmienda a la Ley 83 para asegurar que la AEE sea una entidad verdaderamente democrática y al servicio de los intereses del pueblo”, dice el PIP. Similarmente, el MVC expone que establecerá “un sistema eléctrico público y fuera del control partidista, manejado por expertos en el área y bajo control ciudadano”.‍
• Proyecto Dignidad (PD): Luego de la cancelación del contrato con LUMA Energy, el programa de gobierno señala que “crearemos, mediante legislación, una corporación sin fines de lucro con la autonomía suficiente para que no esté sujeta a los vaivenes políticos ni a ningún tipo de presión por parte de político alguno”.

Transparencia gubernamental

La corrupción sigue siendo uno de los mayores desafíos en Puerto Rico. Según un estudio del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), el costo económico de la corrupción gubernamental sobrepasa los $527 millones al año. Este fenómeno provoca que recursos esenciales no se destinen a mejorar los servicios públicos, la infraestructura y la calidad de vida de la ciudadanía.

• PNP: “Revisaremos el Código Anticorrupción y las leyes de los organismos fiscalizadores del gobierno, de manera que se puedan desarrollar mejores formas de fiscalización”.
• PPD: “Crearemos un nuevo código anticorrupción para unificar leyes y principios éticos y anticorrupción para una ejecución más efectiva”. En este caso, la derogación y creación de un nuevo código anticorrupción requeriría acción legislativa.
• La Alianza entre el PIP y el MVC: El MVC anticipa la radicación de proyectos de ley para “dar más garras a los organismos de control y generar nuevos ámbitos de fiscalización y penalización de la corrupción en todas las dependencias del gobierno de Puerto Rico”. Dicen que estas medidas tendrán como meta “el procesamiento oportuno y contundente de los actos de corrupción”. Mientras, el PIP propone una serie de reformas gubernamentales, debido a que argumentan que “el gobierno es ineficaz, complejo y no responde a los intereses de la población, siendo afectado por la corrupción y la impunidad”. Para la “transformación de la rama ejecutiva”, proponen realizar un estudio para reorganizar la Rama Ejecutiva, con el aval de la Legislatura.
• PD: “Estableceremos mediante legislación que ningún contrato tenga una vigencia mayor al término por el cual fue electo el gobernador, alcalde o el funcionario designado, con algunas excepciones de financiamientos de vehículos y equipos”. Dicha propuesta requeriría acción legislativa.

Salud

Por su parte, el acceso a servicios de salud sigue siendo una preocupación crítica. Un estudio de la Asociación de la Industria Farmacéutica de Puerto Rico reveló que, para el 2030, la isla no contará con suficientes especialistas para cubrir la demanda de servicios médicos. Esta deficiencia afectará, particularmente, a quienes necesiten atención de especialistas y subespecialistas, dificultando aún más el acceso a los servicios de salud.

• PNP: “Enmendamos la Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica para acelerar los procesos mediante los cuales un médico recién graduado obtiene su certificado de especialidad, para que pueda comenzar a hacer los trámites para obtener sus credenciales con las aseguradoras lo antes posible”. Enmendar esta ley requeriría el aval de la Legislatura.
• PPD: “Reformulamos las Juntas de Licenciamiento para brindar uniformidad, agilidad y competencia al proceso de licenciamiento del personal médico en la isla”. Según la propuesta, sería una “reformulación”; sin embargo, cualquier cambio a la estructura de dicha Junta requiere acción legislativa para enmendar la ley vigente.
• La Alianza entre el PIP y el MVC: “El PIP propone la creación de un Seguro Nacional de Salud (SNS) público y no discriminatorio que cubra una amplia gama de servicios de salud para todos los residentes de Puerto Rico”. Esta propuesta supone una reingeniería del sistema de salud actual en Puerto Rico, por lo que necesitaría el aval por parte de la legislatura. Mientras, el MVC ya se había movido en esa dirección presentando la Resolución Conjunta del Senado 80, para ordenar al Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico a realizar un estudio base y de viabilidad financiera de un sistema de seguro universal, propuesta que respaldan para el próximo cuatrienio.
• PD: El plan de gobierno propone la eliminación de la Administración de Seguros de Salud (Ases), y señala que “estaremos transfiriendo el personal y presupuesto junto con las funciones que hoy desempeña la Ases al Departamento de Salud”. La eliminación de Ases requeriría el aval de la legislatura.  

Educación pública: UPR

La Universidad de Puerto Rico (UPR) ha sufrido recortes presupuestarios que han incrementado el costo de la matrícula, reducido programas académicos, y agravado la fuga de talento hacia el extranjero, donde los estudiantes y profesionales buscan mejores oportunidades. Aunque los partidos proponen medidas específicas para reformar la UPR, las reformas dependen del presupuesto de la institución, que es determinado por la Cámara de Representantes. Este presupuesto podría aumentar, permanecer igual o enfrentar nuevos recortes, dependiendo de las decisiones legislativas.

• PNP: No reconoce como un problema los recortes al primer centro docente del país, sino que habla exclusivamente de la merma drástica en su matrícula. En su plataforma, no se destacan cambios estructurales que requieran de legislación, pero sí enfoques de política pública para que la oferta académica complemente las carreras de mayor crecimiento. “Necesitamos una UPR que sea autosuficiente y que responda a las nuevas necesidades del Pueblo”, lee el documento.
• PPD: Propiciará “una Reforma Universitaria con la participación de todos los sectores”. En el tema presupuestario, reconoce como un problema los recortes de presupuesto, pero no se compromete a asignar más fondos del Estado, sino que dice que se explorarán otras “oportunidades para aumentar los ingresos generados por actividades extracurriculares, la prestación de servicios educativos especializados y la comercialización de la investigación académica”.  
• La Alianza entre el PIP y el MVC: Se compromete a “revertir los recortes presupuestarios a la educación pública”. Ambos partidos manifiestan que cumplirán con la Ley 2 de 1966 que establece la fórmula de 9.6% de los ingresos del gobierno central a la UPR (actualmente solo se aporta 4.9%). Además, mencionan que aprobarán una Ley de Reforma Universitaria para la UPR, según propuesto por la comunidad universitaria y expresada en los proyectos de ley impulsados por la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria. Asimismo, se comprometen a reducir el costo de la matrícula universitaria, entre otras.
• PD: Su propuesta para la UPR tampoco aborda el tema de la asignación de recursos, sino que comunica la visión de que el sistema universitario debe “realinear sus recursos y currículos para responder a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral y la sociedad”.

Medidas engavetadas que pueden ser desempolvadas

La Asamblea Legislativa, que celebró su última sesión ordinaria en junio, evadió atender algunas medidas de gran importancia para distintos sectores del país. Sin embargo, esto no implica que no puedan regresar a la discusión con la nueva Asamblea Legislativa, en 2025.

Entre los temas de medidas engavetadas, se encuentran asuntos ambientales, corrupción, vivienda accesible y salud reproductiva.

En el tema ambiental, el Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC), el cual contaba con más de 800 estrategias para combatir el cambio climático, se quedó en suspenso en la Legislatura.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, expresó que le correspondería a la próxima Asamblea Legislativa atender el asunto, ya que no iba a “aceptar aquí empujones, atropellos y presiones para un documento que debió ser entregado hace cuatro o cinco años, porque ahora nosotros tenemos que tener el espacio para evaluarlo”.

Por otro lado, fueron varias las medidas anticorrupción que se quedaron en suspenso, a pesar del seguimiento de las organizaciones Somos Más y Sembrando Sentido, que las presentaron ante la consideración de los legisladores. Una de estas medidas prohibiría los donativos en efectivo para las campañas políticas, por ejemplo.

El director ejecutivo de Somos Más, Johnny Rullán, y la directora ejecutiva de Sembrando Sentido, Issel Masses, han aprovechado la coyuntura de las elecciones para exigirle a los candidatos y candidatas que tomen acción sobre los proyectos anticorrupción. “¿Qué mejor manera de evidenciarle desde ya al electorado que sus promesas anticorrupción no son huecas adoptando las mismas en sus programas de gobierno? El pueblo ha perdido la confianza en las instituciones públicas, y acciones como estas son necesarias para que dicha confianza se comience a recobrar”, dijo Rullán Schmidt en comunicado de prensa.

En torno al tema de vivienda, la Cámara de Representantes nunca bajó a votación el Proyecto del Senado 778, el cual buscaba crear un Plan de Abordaje para el Sinhogarismo y que este se convirtiera en un fenómeno raro, breve y no recurrente. La medida fue aprobada en el Senado, pero quedó estancada en el cuerpo homólogo.

Similar destino tuvo el Proyecto de la Cámara 1242, medida que buscaba crear la “Ley para la Estabilización de Rentas en Puerto Rico” con el fin de proteger a las personas de los aumentos en el precio de alquiler. Dicho proyecto quedó pendiente de acción posterior en la Cámara de Representantes.

Los senadores tampoco aprobaron una medida para regular los alojamientos a corto plazo.

La salud reproductiva estuvo constantemente en la palestra pública, con medidas tanto para proteger la decisión de las personas gestantes para terminar un embarazo, como para restringir esa capacidad. Por ejemplo, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes no recomendó la aprobación del P. del C. 1403, para crear la "Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes". En cambio, el Senado aprobó —con votos del PPD, PNP y PD— el P. del S. 693 para crear la "Ley para la Protección del Concebido en su Etapa Gestacional de Viabilidad", con el fin de prohibir el servicio de aborto luego de las 22 semanas de embarazo. Esa medida, no obstante, encontró oposición en la Cámara de Representantes donde no se recomendó su aprobación.  

Los periodistas Laura Quintero y Luis Alfaro aportaron a esta historia como editores de 9 Millones.