Puerto Rico tiene una oportunidad única de construir una red de energía no contaminante, pero, envés, FEMA planifica gastar $9.4 mil millones en una infraestructura de combustibles fósiles
En este momento, la Administración Biden tiene una oportunidad única para ayudar a Puerto Rico a hacer la transición hacia un futuro energético resiliente y más ecológico, pero está a punto de cometer un error multimillonario.
Desde que el huracán María devastó Puerto Rico en 2017, muchos residentes y defensores del medio ambiente han pedido nuevas fuentes de energía no contaminante para la isla. Actualmente Puerto Rico obtiene más del 97% de su electricidad de combustibles fósiles importados.La energía es cara y poco confiable..
Puerto Rico adoptó leyes que exigían generar el 15% de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2020, el 40% para 2025, el 60% para 2040 y el 100% para 2050. Pero la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que controla los fondos de ayuda para la isla, parece lista para financiar una reconstrucción del antiguo sistema de combustibles fósiles.
Como abogados ambientales y profesores de derecho,nos sorprende ver a FEMA avanzar en un camino que va directamente en contra de la política energética y climática de la Casa Blanca. El presidente Joe Biden ha pedido un enfoque en todo el gobierno que promueva la energía limpia, proteja la salud pública y el medio ambiente, y promueva la justicia ambiental..
En nuestra opinión, las acciones de FEMA no respaldan esos objetivos. También ignoran los requisitos legales para que las agencias federales sopesen cuidadosamente los impactos ambientales de las acciones contundentes.
¿Reconstruir o reemplazar por un sistema de energía renovable más resiliente?
En septiembre de 2017, el huracán María azotó Puerto Rico con vientos sostenidos de 155 mph. Lanzó una franja diagonal de 100 millas a lo largo de la isla, demoliendo decenas de miles de hogares y arrasando carreteras y puentes.
La tormenta derribó torres de transmisión y celulares, rompió postes de energía de concreto, golpeó plantas de energía y sumió a la isla en la oscuridad. Mató a unas 3,000 personas y causó más de 90,000 millones de dólares en daños..
En respuesta, el Congreso autorizó unos $23 mil millones en ayuda por desastre,incluyendo al menos $10 mil millones para restaurar o reemplazar la red eléctrica de Puerto Rico. También aprobó la Ley de Reforma de Recuperación de Desastres para promover un sistema de energía más flexible que pueda resistir y recuperarse rápidamente de las interrupciones climáticas.
FEMA, que administra los fondos, ha asignado $9.4 mil millones para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico y comenzará a aprobar proyectos después de que reciba más detalles que expliquen cómo se realizará el trabajo.Hasta ahora, nada de este dinero se ha destinado a energía renovable, excepto una pequeña suma para reparar una presa hidroeléctrica que proporciona menos del 1% de la energía de la isla.
Las organizaciones que toman decisiones en Puerto Rico son la Autoridad de Energía Eléctrica del Estado Libre Asociado,conocida como AEE o PREPA por sus siglas en inglés, y Luma Energy,una empresa privada que recibió un contrato de 15 años en 2021 para administrar la transmisión y distribución de energía en la isla. La AEE y Luma han propuesto cientos de proyectos para la próxima década, pero ninguno incluye fondos federales para energía solar en la azotea, energía solar comunitaria, almacenamiento de baterías o microrredes. Los defensores dicen que este tipo de generación local a pequeña escala haría que la electricidad de la isla fuera más barata, más limpia y más confiable..
Un estudio de 2015 realizado por la ONG Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero encontró que la inversión en energía solar, eólica y la eficiencia energética podría transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico en una red resistente.Y en 2020 el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos estimó que, en Puerto Rico, la energía renovable en los techos podría generar aproximadamente cuatro veces más electricidad de la que los residentes usan actualmente.
La ley federal requiere sopesar las opciones
Gastar casi $10 mil millones para reconectar una isla con 3 millones de residentes es claramente una acción federal importante con impactos ambientales significativos. Bajo la Ley de Política Ambiental Nacional, las agencias que emprenden tales acciones deben preparar una declaración de impacto ambiental que examine detenidamente las alternativas e invite a un público significativo a participar.
El plan propuesto por la AEE y Luma incluye la reconstrucción y el endurecimiento de casi todas las líneas de transmisión de Puerto Rico y la construcción de al menos dos nuevas centrales eléctricas de gas natural. Quemar más gas natural afectará la calidad del aire y el agua, al igual que contribuirá al cambio climático. El gas natural se envía a Puerto Rico en forma líquida, por lo que usar más de él también significa expandir las instalaciones de importación y las tuberías..
En lugar de producir una declaración de impacto ambiental a gran escala, FEMA produjo una evaluación ambiental programática superficial, un estudio más estrecho que no sopesó otras opciones. Concluyó que no habría"ningún impacto significativo"de la reconstrucción del sistema energético basado en combustibles fósiles de Puerto Rico. El estudio no mencionó el cambio climático, que los científicos coinciden ampliamente en que está haciendo que los huracanes sean más grandes y más destructivos..
Más allá de una invitación pro forma para comentarios públicos, FEMA no hizo ningún esfuerzo para comprometerse con las comunidades de color sobrecargadas que han sufrido desproporcionadamente la contaminación y el cambio climático bajo el sistema energético de Puerto Rico. Esto contradice directamente la orden de Biden de colocar la justicia ambiental en el centro de la política federal de energía y clima.
La Ley de Política Ambiental Nacional también requiere que las agencias"estudien, desarrollen y describan alternativas apropiadas a los cursos de acción recomendados".La evaluación ambiental de FEMA solo considera reconstruir y endurecer la red existente, y no menciona la energía renovable. Cuando algunos comentaristas públicos criticaron esta omisión,FEMA respondió que no era responsable de considerar medios alternativos para generar electricidad.
Promover el interés público
Tanto la AEE como Luma son defensores de una estrategia energética que se centra en la importación de gas natural.La ley federal requiere que FEMA adopte un enfoque más amplio y se asegure de gastar el dinero federal de manera que respalde los objetivos ambientales de los Estados Unidos.
Los tribunales han sostenido que la justicia ambiental no es simplemente una casilla que debe ser marcada.En nuestra opinión, la ley claramente requiere que FEMA les dé a los puertorriqueños, que han vivido con un sistema de energía flojo durante cuatro años, un asiento en la mesa antes de comenzar a escribir cheques para proyectos que afectan sus vidas.
Patrick Parenteau, Professor of Law, Escuela de Derecho de Vermont y Rachel Stevens, Professor of Law & Staff Attorney, Escuela de Derecho de Vermont
Este artículo se re-publicó de The Conversation bajo una licencia de Creative Commons y se tradujo con el permiso de los autores. La traductora es Julia Taveras de Film Translation Board. Lee el artículo original..
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