Luego del 11 de julio, ¿qué ha cambiado en Cuba? Parte II
A un mes y medio de las demostraciones del 11 de julio en Cuba, han quedado claros sus principales saldos: la ineficiente gestión del gobierno para solucionar problemas de la vida diaria ha tenido un coste político local e internacionalmente. Si no has visto las causas por la cual miles de personas en Cuba salieron a la calle, lee la primera parte de esta serie aquí.
Legitimidad gubernamental en tensión y nuevas regulaciones
Para el gobierno cubano la narrativa en torno a las protestas del 11 de julio y las respuestas a la crisis cambia con los días. El discurso oficial pasó del llamado al enfrentamiento directo a “suavizar” la magnitud del estallido social. Sin embargo, se niega la violencia, los detenidos y los juicios sin todas las garantías procesales que han ocurrido después y se han mutado en los pronunciamientos a abogar por un entendimiento, que en la práctica, no se cumple.
El presidente llamó ese mismo día a los cubanos pro-gobierno a salir a la calle y enfrentar a los manifestantes. Sobre esa orden ciudadanos comunes, pero también las fuerzas del orden público no solo trataron de contener a los manifestantes; también hicieron uso desmedido de la fuerza. Lesiones, arrestos e incluso disparos se pueden verificar en los videos de ese día.
Es importante resaltar que evitar que las personas registraran lo que sucedía con sus dispositivos móviles fue uno de sus principales objetivos.
Desde el 11 de julio y por varios días se reportaron cortes en el acceso a Internet por servicio de datos móviles. La empresa global de monitoreo de Internet NetBlocks confirmó que por más de 48 horas plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram y algunos servidores de Telegram fueron interrumpidos por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa). Por otra parte, la empresa creadora de la VPN Psiphon declaró en su muro de Twitter, que solo el 15 de julio, 1.389 millones de cubanos accedieron a la web usando esta aplicación. Para entender la magnitud cabe mencionar que a inicios de 2021, se cuantificó que hay 7.7 millones usuarios de Internet en Cuba.
Por otra parte, dentro de Cuba, desde la mañana del 12 de julio varios familiares de los manifestantes detenidos comenzaron a denunciar la ausencia de información sobre su paradero. En los días posteriores se conocieron varios casos en que los detenidos solo pudieron contactar con sus allegados el mismo día en que se les realiza el proceso judicial.
La Fiscalía cubana, en conferencia de prensa el 24 de julio, negó que ocurrieran en el país violaciones al debido proceso. Aunque reconocieron que hay menores bajo investigación que, de resultar condenados, recibirán sanciones con "tratamiento diferencial". “Se tramitan por procedimientos más expeditos y ágiles, pero no por ello están exentos del derecho a la garantía del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa", dijo el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, sobre los procesos sumarios.
Aún así, en las redes sociales fue popular el caso de Anyelo Troya González, artista visual y fotógrafo cubano que dirigió y grabó la secuencia del videoclip «Patria y Vida». Troya tuvo un juicio sumario sin presenPo cia de un abogado. El video de Gabriela Zequeira Hernández, una adolescente de 17 años que fue condenada a 8 meses de privación de libertad también fue popular en internet. Gabriela fue juzgada el 22 de julio por desorden público y solo entonces pudo conversar unos minutos con su madre, desde que fue arrestada. La madre de la adolescente comentó a BBC Mundo, que junto a su hija, otra joven de la misma edad, fue condenada el mismo día a un año de cárcel por grabar las protestas, sin la presencia de un abogado.
Tanto Gabriela como Anyelo fueron excarcelados después del juicio, pero esto no significa que fueron puestos en libertad. Ambos están pendientes de la decisión final en sus apelaciones, que tendrán que esperar con sus derechos políticos restringidos y con movimiento limitado. Esta modificación de sanción parece ser un intento de aliviar la imagen pública del sistema judicial cubano sobre un grupo “más visible” de detenidos. Pero estos no han sido los únicos casos.
Al día de hoy no hay información pública sobre el número de personas detenidas o los procesos judiciales ejecutados. Los reclamos dentro y fuera del país continúan. Varias iniciativas ciudadanas se han articulado para brindar apoyo a los detenidos. La ONG Cubalex, junto a un grupo de voluntarias creó una lista colaborativa que registra a los detenidos de los que se desconocía su paradero. Otras organizaciones que han hecho denuncias sobre personas detenidas han sido el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cuba Decide y Prisoners Defenders. Esta última, además, presentó una denuncia el 14 de julio ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
La persecución y los castigos posteriores a las protestas no se han limitado a los tribunales. No son pocas las personas que desde el 11J han recibido sanciones administrativas, han sido expulsadas de sus centros de trabajo u obligadas a retractarse por disentir en público del Gobierno cubano o de alguna medida específica tomada por este.
Desde las manifestaciones, los esfuerzos de los cubanos se centran en buscar alternativas para paliar la crisis de medicamentos y el colapso hospitalario ante el avance de la COVID-19 en algunas provincias del país. Más de 40 iniciativas ciudadanas de colecta de donaciones dentro de Cuba se pueden contabilizar en redes sociales. Pero no es suficiente para cubrir las necesidades.
El 14 de julio, tres días después de las protestas, las autoridades cubanas anunciaron suspender, “con carácter excepcional”, el límite de entrada de alimentos, aseo y medicamentos como equipaje acompañado a partir del 19 de julio y hasta el 31 de diciembre. No obstante, la entrada de vuelos internacionales a Cuba sigue siendo muy limitada.
Desde el mes de julio el departamento de transporte de Estados Unidos (DOT) confirmó que autorizaba a dos aerolíneas de ese país para transportar alimentos, medicinas, productos de aseo y suministros sanitarios con destino a ocho aeropuertos de La Habana y el interior del país. Esta orden ejecutiva se presenta como excepción a la medida del expresidente Donal Trump de impedir la entrada de vuelos charters fuera del aeropuerto de la Habana. De acuerdo al DOT, esta medida se tomó como respuesta a los reclamos de miles de cubanos el 11 de julio. Al momento de la redacción de este trabajo el gobierno cubanos no ha emitido permiso de aterrizaje para estas aerolíneas.
Los pronunciamientos internacionales no se hicieron esperar. Cubanos residentes en ciudades alrededor del mundo, de Madrid a Santiago de Chile, salieron a las calles el día 11 y los días sucesivos. Cancillerías y los jefes de estados de países europeos, sudamericanos y norteamericanos condenaron la represión de las manifestaciones y llamaron al respeto de los derechos humanos. A este llamado se sumó, el 16 de julio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Estados Unidos impuso el jueves 22 de julio sanciones financieras/simbólicas, al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior cubano (MININT). Ambos fueron incluidos en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que les prohíbe acceder al sistema financiero estadounidense. La medida invoca la Ley Magnitsky que permite a Estados Unidos castigar a quienes hayan cometido abusos de los derechos humanos o actos de corrupción en otros países. Más de 20 países hicieron una declaración conjunta el 25 de julio haciendo un llamado al Gobierno cubano para que respete los derechos y libertades legalmente garantizados del pueblo cubano.
El Gobierno cubano ha reaccionado a lo anterior responsabilizado a la administración estadounidense por sus "campañas contra" la isla. La oposición al bloqueo/embargo norteamericano a Cuba es también largamente respaldado internacionalmente. The New York Times publicó una carta dirigida al presidente de Estados Unidos firmada por más de 400 expresidentes y dirigentes políticos, intelectuales, clérigos, artistas, personalidades y activistas de todo el mundo pidiendo el fin del embargo.
En las últimas semanas, un paquete normativo incluye el Decreto-Ley 35 y la Resolución 105/2021 de la ministra de Comunicaciones publicada en Gaceta Oficial No. 92 que establecen contravenciones y sanciones administrativas para regular el uso de internet. Las contravenciones son conductas prohibidas por el Estado que no alcanzan la categoría de delitos; las sanciones que los ciudadanos pueden sufrir por ellas no exceden las multas y el decomiso de bienes. En cambio, estas medidas sí legitiman de manera peligrosa algunas conductas y acciones que el Gobierno desarrollaba al margen de su propia ley. “Este decreto y sus medidas asociadas pueden entenderse como un símbolo de la disposición gubernamental a reprimir en cualquier espacio —en especial en el ámbito virtual donde su control se ha visto resquebrajado— y de cualquier forma las expresiones disidentes de la ciudadanía”, comentó el Abogado cubano Eloy Viera.
Hoy las calles en Cuba están en paz, pero el descontento continúa. El gobierno ha optado responder con represión, en vez de atender las demandas de los residentes cubanos. A pesar de las detenciones y las restricciones, las personas siguen usando las redes para compartir sus historias y alrededor del mundo se conoce más aún el sentir de un pueblo.
Esta historia se hizo en colaboración con el medio independiente, cubano ‘elTOQUE’.
Yery M. García es periodista y consultora de comunicación para el desarrollo. Licenciada en Periodismo por la Universidad de la Habana y máster en Artes, Media Practice for Development and Social Change por la Universidad de Sussex (Reino Unido). Editora de Audiencias, Monitoreo e Impacto del medio cubano el Toque, Miembro de Red de Politólogas. @RedPolitologas
Jessica Dominguez Delgado es editora del medio independiente cubano 'elTOQUE'. Licenciada en Periodismo en 2014 y educadora popular. Enfocada en el periodismo de datos, las visualizaciones interactivas y el periodismo de investigación, sobre las áreas de política, participación popular y ciudadanía. Ha colaborado con medios digitales como 'Progreso Semanal', 'Periodismo de Barrio', 'Postdata', 'Distintas Latitudes' y 'Connectas'. Es también miembro de la Red Latam de Jóvenes Periodistas.
.png)
.png)
